El pasado 12 de mayo de 2016, la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff fue destituida por el Senado de su cargo como Jefa de Estado y de gobierno durante 180 días tras abrirse una investigación en su contra por maquillar las cifras del déficit.
La ya ex mandataria, no obstante, expresó en su declaración pública en el Palacio de Planalto de Brasilia que los que se ha llevado a cabo ha sido “un impeachment fraudulento, un verdadero golpe” y alertó de que “el mayor riesgo del país es ser dirigido por los sin voto” en referencia al gobierno que formará el vicepresidente Michel Temer mientras ella es apartada del cargo.
Brasil tiene 32 partidos políticos que cuentan con participación en el congreso. En el año 2011 nació “La coalición de la fuerza del pueblo”, una alianza de nueve partidos que dieron su apoyo a la legislatura de Rousseff, parte de esta coalición es también el partido del nuevo presidente de Brasil, Michel Temer.
Los gobiernos aliados de Dilma Rousseff han condenado el juicio político que los parlamentarios brasileños abrieron contra la mandataria. Evo Morales se mostró indignado por el juicio político, Cuba denunció un golpe de Estado parlamentario, y Venezuela rechazó lo que calificó de “farsa jurídica”. Por su parte, La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se muestra preocupada. Su secretario general Ernesto Samper teme una ruptura democrática en Brasil en caso de que Dilma Rousseff sea destituida definitivamente.
Germán Aranda de El Mundo explica que “dentro de un máximo de seis meses, un Senado presidido por Ricardo Lewandonski, presidente del Supremo, Juzgará definitivamente el “impeachment” a la mandataria, cuya defensa seguirá a cargo del Abogado General de la Unión José Eduardo Cardozo.”
Carlos Linares Cores
