El 30 de junio de 2016, Rodrigo Duterte, político y abogado filipino de 71 años, accede a la presidencia de su país. En tan solo tres meses de presidencia, las políticas que está llevando a cabo son cuanto menos polémicas en la esfera internacional. Su promesa de campaña de acabar con la criminalidad del país en seis meses es la que le ha llevado a la presidencia.
Para llevar a cabo su objetivo, Duterte ha implementado una política agresiva contra los vendedores y consumidores de drogas en el país, siendo esta considerada por organizaciones civiles como vulneradora de los derechos humanos, puesto que, tanto la policía como los propios civiles, tienen la facultad de utilizar las armas en contra de cualquier ciudadano que sea sospechoso de tener un vínculo con el crimen organizado. El presidente fomenta este tipo de actuaciones mediante el ofrecimiento de medallas y premios a aquellos que dispararan a los supuestos sospechosos provocándoles su muerte. Además está demostrado que a Duterte no le preocupan este tipo de consideraciones, pues ha sido él mismo quien en su campaña ya pronunciaba frases como: “olvidaos de las leyes de los Derechos Humanos”.
Su discurso a lo largo de su campaña contra las Drogas, ha sido contundente e incluso se ha comparado él mismo con Adolf Hitler en sus recientes declaraciones. El presidente filipino ha declarado: “Hitler masacró a tres millones de judíos. Ahora hay aquí tres millones de adictos. Me gustaría masacrarlos a todos”. Duterte, parece cumplir su advertencia puesto que en lo que va del inicio de su política antidrogas más de 3500 muertes, según informa la prensa local.
Las consecuencias de la “guerra” contra las drogas para el gobierno de Duterte empiezan a ser visibles. La moneda filipina ha empezado un proceso de depreciación que no se veía desde el 2009. Por otro lado, la relaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea empiezan a enfriarse a ritmo acelerado. El presidente arremete contra los gobiernos occidentales tratándolos de hipócritas y alegando que no son conscientes de lo que realmente afecta a la justicia en Filipinas.
Tanto es así que en lo que respecta a las relaciones con Estados Unidos, el pasado 29 de septiembre, el líder filipino anunció que “los ejercicios militares de octubre serán los últimos que Filipinas lleve a cabo junto con los Estados Unidos, a pesar de las importantes relaciones estratégicas que históricamente han tenido ambos países, lo que hace evidente el alejamiento entre los dos gobiernos.
Otra de las importantes consecuencias, está relacionada con la reacción de diversas organizaciones locales e internacionales como la ONU y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que han criticado duramente las políticas del presidente. La preocupación de estas organizaciones ha llegado al punto de advertirle que de seguir atentando contra los derechos humanos podrían denunciar al mandatario ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.
Luis Tzec y Ester Castro
