La inesperada victoria de Trump ha causado multitud de protestas en tradicionales bastiones demócratas como: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia o Portland, bajo el lema “este no es mi presidente”. Las manifestaciones comenzaron pocas horas antes de que se terminasen de contar los votos que otorgaban la victoria al nuevo líder americano y se sucedieron a lo largo de dos días de forma significativa, aunque las redes sociales anuncian nuevas manifestaciones para este fin de semana.
En California donde Hillary obtuvo más de la mitad de los votos, en concreto el 61%, frente a Trump que solo alcanzó el 33%, el descontento postelectoral ha terminado provocando el resurgimiento del sentimiento independentista. Esta iniciativa, también conocida como “Calexit”, planeaba ya desde 2015 celebrar un referéndum en 2019 con el fin de negociar la salida de Estados Unidos, si se obtienen una mayoría suficiente de votos. Entre otras razones, uno de los motivos que se plantea en la página oficial de este movimiento es el escaso peso político que argumentan tener en las elecciones presidenciales, alegando que su voto no ha afectado a los resultados de las mismas desde las 1876.
Este tipo de movimientos no le resultan extraños al gigante americano, en 2012 Texas también presentó una petición para lograr la secesión de la Unión, tras la victoria de Obama en unas elecciones en la que este Estado se inclinó hacia la formación roja. Durante la administración de Bush California también demostró su descontento con las decisiones de la administración central, comportándose en palabras del Doctor Cain de la Universidad de Standford, como un “estado rebelde”.
Sin embargo, los partidarios de estas iniciativas no tienen a la ley de su parte. La Constitución contempla la adhesión de nuevos Estados, pero no su salida, la única fuente legal que regula la secesión en Estados Unidos es la sentencia de Supremo de 1869 dictada en el caso “Texas v. White” en la que el Tribunal dictaminó que, para poder tener lugar la secesión unilateral de un miembro de la Unión, el resto de Estados deben dar su consentimiento
Por otro lado, en una sentencia más reciente (1998) la Corte Suprema, de su vecina Canadá, se pronunció también con respecto a la posibilidad de secesión, en este caso concerniente a la provincia de Quebec. Al respecto, la máxima autoridad legal de este país determinó que a pesar de que su Constitución tampoco recoge la posibilidad de que se produzca la secesión de parte de su territorio, y no se producen las circunstancias en que lo permite el derecho internacional (situación colonial, opresión y persecución de parte de la población, violación de los derechos humanos…), de lograr el movimiento independentista el apoyo de la mayoría de la población, es Estado tendría la obligación moral de negociar esta opción.
La escisión de California, se plantea por tanto como un hecho remoto con escaso respaldo jurídico. Los californianos deberán buscar otra forma de mostrar su rechazo a su futuro presidente.
Silvia Prada y María Prada
