Los migrantes continúan su rumbo con una Europa dividida e incapaz de encontrar una vía única para su regulación.

Más del 91% de la población global ha sufrido restricciones de movilidad humana y aproximadamente el 39% de la humanidad reside en países que han cerrado completamente sus fronteras debido a la pandemia mundial de la COVID-19. A pesar de la existencia de voces como la de Jair Bolsonaro o Donald Trump que niegan la gravedad de la enfermedad, la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de los países asiáticos, adoptó el cierre de fronteras total o de manera parcial como herramienta para su protección y contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus. Estas medidas han incrementado las desigualdades y se ha cebado con los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad estructural. Europa ha creado un plan que pondrá sobre la mesa 100.000 millones al servicio de la sanidad, una cantidad necesaria, pero que no todos los que participan de manera activa y son parte de la sociedad europea podrán disfrutar.

Los movimientos migratorios continúan y el objetivo de muchos sigue siendo el mismo: Llegar a Europa. Los que consiguieron llegar y cruzar la frontera a Europa se ven sumergidos en un estado de vulnerabilidad jamás visto. Los migrantes extracomunitarios viven en unas condiciones de hacinamiento el 34,6%; sin embargo las tasas de hacinamiento de los migrantes intercomunitarios no llega al 10%. Es un colectivo al que además muchas de las ayudas planteadas desde la Unión Europea como del resto de gobiernos nacionales no les llegarán por falta de regularización de muchos de ellos. En este contexto propio de películas de ficción, con la movilidad humana ocupando un papel clave durante la pandemia, surge una pregunta: ¿qué están haciendo los diferentes países con la población migrante?

Turquía hacina a los migrantes

Turquía ha sido un país constante en los flujos migratorios del pasado. Gracias a su geografía ha sido determinante en el constante intercambio cultural entre oriente y occidente. Desde finales de la década de los setenta del siglo XX hasta hoy, las personas migrantes han visto en este país una oportunidad de oro para empezar una nueva vida alejada de la miseria y la pobreza de sus países de orígen.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Turquía viven casi 6 millones de migrantes, lo que supone un 7,17% de la población del país. La mayoría de estas personas, 4 millones aproximadamente, provienen de Siria. Sin embargo, desde la Unión Europea se negoció en 2016 con Ankara una generosa ayuda económica a cambio de un acuerdo por el que este país sería el encargado de retener a los migrantes bajo sus frontera

Durante varios años se ha impedido de esta manera que los refugiados accedieran a Europa por una ruta natural y se han visto obligados a planificar rutas mucho más peligrosas por otras vías. Sin embargo, después de la matanza de treinta soldados turcos en Siria el 27 de febrero de este mismo año, el Gobierno turco ha rechazado mantener a los refugiados en su territorio y ha abierto su frontera a Grecia.

La situación en Turquía es crítica. El país cuenta con 24 centros de internamiento de extranjeros con una capacidad total de 16.000 personas, y no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de los migrantes frente el coronavirus. De hecho, el país ha llegado a contabilizar 159.000 casos detectados por COVID-19, convirtiéndose en el octavo país del mundo con mayor número de contagios. Aunque el presidente Recep Tayyip Erdogan ha calificado de “exitosa” la lucha contra la pandemia, lo cierto es que ha habido momentos de colapso donde se ha activado la alarma por falta de protección básica a los refugiados. 

La ONG Mülteci-Der se dedica a ayudar a las personas que buscan asilo temporal en Turquía y ha alertado recientemente sobre la fragilidad de los migrantes: “Estas personas, cuya resistencia física ha disminuido debido a estas condiciones, constituyen un grupo frágil para la epidemia en un entorno con atención médica muy limitada”. La ONG denuncia que, en los centros, los refugiados comparten habitación y es muy fácil la propagación del virus. Desde otras ONG también se transmite preocupación por el cierre de cafeterías, bares, restaurantes y otro comercios como medida para evitar la propagación del virus puede afectar económicamente a miles de familias refugiadas que trabajan sin contrato laboral y que podrían quedar absolutamente desamparadas.

Grecia vuelta a la odisea

Grecia es uno de los países que actúa como receptor principal de refugiados, sin embargo, desde hace muchos años, es completamente incapaz de ofrecer las condiciones mínimas para asegurar una vida digna a los que llegan. Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Grecia residen actualmente 61.440 refugiados. La mayoría de ellos, proceden de países como Siria, Irán o Camerún cuyas situaciones de vida eran cada vez más complicadas. 

A partir de 2016, el Gobierno griego empezó a tomar medidas para cerrar las fronteras e impedir que más migrantes llegarán a las islas griegas. Sin embargo, este procedimiento llegó demasiado tarde ya que miles de familias se habían establecido en el país sin trabajo, sin hogar y sin la posibilidad de continuar el viaje y reunirse con otros familiares que habían encontrado empleo y hogar en otros países europeos menos castigados por la crisis económica mundial.

La situación también se complicó el pasado mes de marzo 2020 cuando el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, decidió abrir sus fronteras con Grecia a cambio de ayuda financiera de la Unión Europea. Al llegar a la frontera griega, miles de refugiados se encontraron con la policía antidisturbios. Como consecuencia, Grecia anunció que no aceptarían ninguna solicitud de asilo durante un mes, lo que provocó una dura crítica de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). 

Actualmente, debido a la situación de la pandemia COVID-19 y a la enorme cantidad de refugiados que arriesgan sus vidas por llegar al país. El Parlamento griego decidió aprobar una nueva reforma de la Ley de Asilo para hacer más ágil el examen de las demandas de protección internacional. Según el ministro de Migración, Yannis Muzalas, el doble objetivo de la ley es: “reducir sustancialmente los flujos migratorios y paliar los efectos de la crisis en las comunidades locales” y que “Grecia deje de ser un país atractivo para la migración”. 

Francia el cerrojo de Europa

Un estado que hace gala de su libertad, igualdad y fraternidad, sin embargo, en cuestión migratoria es cuanto menos opaco. En el Ministerio de Asuntos exteriores presumen de su capacidad de acogida refugiados desde 2012, dice haber dado un 96% de respuestas favorables a las solicitudes de refugiados sirios (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2014), sin embargo los datos son de 2014, en la época del ya lejano ex presidente François Hollande. Son datos anteriores al cierre de fronteras decretado por la Unión Europea (UE) en 2015, el cual Francia fue uno de los grandes impulsores.

Francia se ha caracterizado por ser receptor de los movimientos llegados de sus antiguas colonias africanas del África Subsahariana y de los países árabes, pero no ha sido un ejemplo, ni una potencia, en la gestión de llegada refugiados sirios al país.

El cierre de fronteras y el fin de la movilidad con la pandemia supone un gran golpe para la agricultura francesa. Durante los meses de recogida Francia daba trabajo a unos 200.000 migrantes llegados del norte de África sobre todo. Ahora el país hace un llamamiento a los más de 730.000 ciudadanos que se han quedado en paro temporal debido al cierre de sus empresas en la pandemia. Una medida que se llevó a cabo en Inglaterra semanas anteriores también para paliar los golpes del coronavirus en la isla, y el resultado fue cuanto menos desastroso, y se ve que Francia se dirige al mismo abismo.

La tasa bruta de la migración en Francia refleja la pérdida de población en el noreste del país, debido a la reconversión industrial y los territorios de ultramar, el peso de la migración (tanto interna como externa) recae en el sur del país donde se están creando nuevos polos de desarrollo regional de gran importancia (El Orden Mundial, 2018). Su incapacidad para gestionar las solicitudes de asilo se está haciendo notable, silencio y la opacidad en cuestión migratoria por parte del gobierno, con distintos gobiernos de distintas formaciones políticas.

Una España “sin asilo”

La gestión de la inmigración ilegal sigue siendo otro frente abierto en el seno de la Unión Europea. Pero con el presente apogeo de la COVID-19, el diseño de este sistema por parte del Gobierno de España, ha quedado en el olvido para dar prioridad a la crisis económica que arrastra la pandemia. Una crisis que por supuesto, también afecta a los refugiados. 

El pasado 15 de mayo entró en vigor la ley que obliga pasar cuarentena de dos semanas para todos los que lleguen a España desde el extranjero. Esta norma es aplicable incluso para quienes son rescatados en el mar cuando viajan a Europa en pateras o para quienes consigan saltar las vallas de Melilla y Ceuta. Cuestiones como esta afectan al tratamiento de refugiados, puesto a que la llegada de inmigrantes no para y en estos momentos no se está ofreciendo asilo a gran parte de los inmigrantes. Como pasó en el mismo mes de mayo en Granada, donde de los 64 inmigrantes que fueron rescatados de una patera en el Mar Alborán y trasladados al puerto de Motril, 16 de ellos quedaron abandonados en las calles de Granada porque el Gobierno no encontró sitio en el que pudieran pasar la cuarentena.   

Por otro lado, la reducción del número de vuelos ha generado también que las peticiones de asilo desciendan en marzo un 44% con relación al mes anterior (14.633 en febrero frente a 8.119 en marzo). Y es que a pesar de la buena gestión que, al margen de la pandemia, se había conseguido para ofrecer asilo a los refugiados durante los últimos años, el COVID-19 parece que no es el único virus pandémico que hace presencia en España en estos momentos, sino que el egocentrismo y el partidismo son igual de virulentos y arruinan la antigua reputación que se había conseguido respecto a la cuestión migratoria. 

Italia llora de emoción por la apertura

Italia es el tercer países más afectado por la pandemia, con más de 221.000 casos confirmados de COVID-19. Sorprendentemente los primeros días de confinamiento (siendo este país pionero en realizar el confinamiento general en Europa por su nefasta gestión frente a la pandemia) se detuvo por completo la llegada de inmigrantes y refugiados. Este acontecimiento llamó la atención al resto de países europeos, que se planteaban tomar las mismas medidas que Italia. Pero más llamó la atención la postura del ex ministro de Interior italiano Matteo Salvini, que además es aliado del actual presidente italiano Sergio Mattarella, ante la detención del flujo migratorio manifestando lo siguiente: “No es posible que en un momento como este el gobierno permita el desembarco de otro centenar de inmigrantes. Que se despierte Europa y se hagan ellos cargo. Es una situación triste y grotesca. Sicilia no puede ser transformada en una isla en cuarentena y con mayor razón en este momento. Los puertos italianos deberían estar cerrados”.

En el lado positivo, en las últimas semanas la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, y otros miembros del Ejecutivo italiano señalaron que estaban estudiando una amplia regularización por razones sanitarias, humanitarias y económicas. En medio de los rumores y las primeras críticas contra la regularización, el Papa Francisco se posicionó abiertamente a favor de esta medida, criticó la “dura explotación” de personas migrantes en el sector agrícola y aseguró que la crisis del coronavirus podría ser “la oportunidad para hacer que la dignidad de las personas y el trabajo estén el centro de nuestras preocupaciones”. 

Portugal encuentra el camino

Portugal ha sido referente europeo a la hora de cubrir la crisis de la COVID-19 frente a sus países vecinos. El Gobierno portugués decidió cerrar fronteras y aplicar medidas cuando tan solo se contaban 78 contagiados en el país. Esto ha permitido que el impacto del coronavirus haya sido mucho menor en comparación con muchos otros países. De hecho, se han contabilizado alrededor de 30.000 contagiados y casi 1.300 muertos.

Portugal también ha sido un ejemplo para algunos en la cuestión migratoria ya que decidió tramitar todas las solicitudes de asilo anteriores al coronavirus. Tal y como afirmó el Gobierno luso, es “importante garantizar los derechos de los más frágiles, como es el caso de los inmigrantes”. Si comparamos este marco de actuación con el de sus países vecinos, es sin duda un gran avance. Pero aún así, queda mucho por hacer. En la medida migratoria quedan fuera todos aquellos migrantes con imposibilidad de ser regularizados. Sin embargo, estas personas son realmente participativos en la sociedad portuguesa y quedan desamparados ante la mayor pandemia a la que se ha tenido que enfrentar el país. 

La situación que se está viviendo no tiene precedentes en Europa, quien ha frenado la movilidad de más de 740 mil millones de personas. Las fronteras están cerradas, sin embargo, algunos países como Portugal o Italia han puesto a trabajar la maquinaria de las instituciones y han desarrollado políticas que ayudan a la regularización y estabilización de los migrantes pendiente de regularizar. En el lado opuesto se encuentra casi todo el Mediterráneo, con políticas migratorias opacas, e incluso crueles, olvidándose de su humanidad y centrándose en un beneficio propio antinatural, ya que el ser humano nació como migrante, y continuará siendo migrante, lo que cambia es el receptor y emisor de los flujos, el ser humano se mantiene fiel a su naturaleza.

El virus, un patógeno microscópico, ha conseguido poner de relieve cuestiones hasta ahora sepultadas bajo el discurso xenófobo. Partidos políticos capitaneados por Le Penn en Francia, Salvini en Italia o Abascal en España, han proliferado la franquicia antimigratoria, apropiándose de los discursos existentes para generar un discurso reactivo donde los migrantes no formen parte de la sociedad y poder dejarlos a la estocada. Sin embargo, a lo largo de todo Europa se está viendo la necesidad de la población migrante, lo importantes que son dentro de las dinámicas sociales, ahora más sensibles que nunca.

La pandemia ha mostrado que el debate estaba orientado en la dirección equivocada: seguir viendo a las personas migrantes como un sector apartado de nuestra sociedad, y no como parte de ella, solo nos entorpece como especie. Forman parte de un territorio que, en el mejor de los casos, es ambivalente en cuanto a su derecho a vivir en él. El rebrote que se dió en la ciudad estado de Singapur vino porque habían dejado olvidados a los más de 200 mil migrantes que vivían afinados en pleno confinamiento. Europa debe aprender de los errores repetidos en todos los lugares y crear políticas e infraestructuras en las que sea capaz de gestionar la llegada de los migrantes a través de las aguas del Mediterráneo. Serán las medidas políticas repetidas a lo largo del planeta las que marquen la diferencia en cómo afecta el virus. Por ello, sabemos que no será fácil gestionar la situación de las miles de personas que se encuentran en calidad de irregulares, pero la oportunidad está ahí si nuestros políticos tienen la honestidad y la inteligencia de tomarla.

Solenn Le Lous, Hodei Ontoria, Alexis Peños, Delia Saiz