CLAUDIA ROMERO Y MARTA DORGAMBIDE

La Unión Europea y Rusia han visto una vez más sus relaciones puestas contra las cuerdas, al estar influenciadas por la actualidad del caso Navalni, cuya persecución y encarcelamiento no gustó demasiado a los Veintisiete. Tras ser reunidos sus ministros de Asuntos Exteriores, en Bruselas, el pasado lunes, se decidieron por la prolongación de las sanciones contra Moscú desde 2014.  En distinta línea, pese a que hablábamos de alejamiento en unas, se perciben acercamiento en otras, las renovadas desde la entrada de la Administración de Joe Biden, que buscan la concordia y el entendimiento.

El recién aprobado paquete de sanciones se centrara en una nominación de cargos relevantes asociados con la puesta en prisión del opositor ruso, Alexéi Navalni. Y, como novedad, reflejaran el nuevo régimen de “penalidades” en base a la violación de los derechos humanos adoptados por la UE el pasado diciembre. Permitiendo castigar de manera individual a los culpables de las presuntas violaciones. Asimismo, este sistema emula a la denominada ley Magnitski de EE UU, cuyo objetivo es castigar a personas concretas evitando el establecimiento de un régimen sancionador a un país.

A su vez, se trata de la cuarta vez en que la Unión Europea recurre a estas herramientas, ya que hace siete años estuvieron motivadas por la ocupación y anexión del espacio ucraniano de Crimea. Más tarde, en 2019, lo hacían contra aquellos oficiales rusos y sirios por ataques con armas químicas, relacionado con el envenenamiento de Navalni.

Josep Borrell, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, se presentaba inclinado, tras su viaje a Moscú, a la unificación de puntos de vista de los Estados de la Unión sobre Rusia, a menudo dividida. «Hay un sentimiento compartido de que Rusia se está deslizando por una deriva autoritaria y alejándose de Europa», declaraba el propio Borrell a El País.

Por otro lado, el paquete de sanciones comerciales a raíz de la acometida agresión rusa a la plenitud regional ucraniana, cuenta por parte de la Unión Europea con la prohibición de entrada y la congelación de bienes dentro del territorio comunitario a aproxidamente 180 puestos relevantes relaciones con el Gobierno ruso. Y, con posibilidad de ampliación. En esa línea, Vladimir Chizhov, embajador ruso ante los europeos, expresó su descontento ante las resoluciones de la UE la pasada semana, estimando que se trataba de “una nueva ronda de medidas restrictivas ilegítimas y unilaterales contra Rusia”. Adviertiendo a su vez, que esas medidas no podrían calificarse como sanciones, al ser el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “sus prerrogativas exclusivas del mismo”.

Finalmente, 2020 sería el año en el que los ciberataques de Rusia, fueran puestos en el punto de mira de la UE, cuya respuesta sería la imposición de más sanciones. No obstante, los europeos consideran a las mismas como una herramienta que permite la modificación de comportamientos y acciones de un Estado concreto. Con ello, se ve la no efectividad de esos castigos, al seguir Rusia con sus intenciones y las hostigaciones a países vecinos o intervenciones militares a terceros.

Bibliografía:

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