La comunidad internacional se ha visto alarmada tras las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el pasado 3 de enero, donde habló de la implementación del nuevo programa nacional para deportar forzosamente a casi 38.000 inmigrantes y refugiados en el país, principalmente sudaneses y eritreos.
Dicha política de reubicación forzosa fue discutida y aprobada por el Knesset (Parlamento israelí) y tiene entre sus objetivos principales la expulsión de migrantes, primordialmente africanos, con el fin de “restablecer la tranquilidad, el sentido de seguridad personal y la ley y el orden”, según Netanyahu, ya que de acuerdo al primer ministro muchas zonas del sur de Tel Aviv se han visto deterioradas por la extrema pobreza de los refugiados e inmigrantes que allí se encuentran.
De acuerdo a la enmienda, las autoridades israelís ofrecen a las familias deportadas una ayuda de 3.500 dólares, un boleto de avión y apoyo para la obtención de documentos de viaje. Sin embargo, de acuerdo a medios locales, la situación es muy diferente al panorama que se propone, ya que en primer lugar no se especifica el destino de las reubicaciones y muchos de los que ya han sido movilizados fueron víctimas de abusos y extorsiones. Por ello, grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional Israel y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel se han unido a las protestas de miles de inmigrantes por las amenazas y expulsiones involuntarias por parte de la administración de Netanyahu.
Sin embargo, este problema no es reciente. De acuerdo al noticiero español El Diario, la historia de la inmigración sudanesa y eritrea a Israel data desde 2005, tras los conflictos regionales como el genocidio de Darfur, al oeste de Sudán, lo que ha llevado a alrededor 27.000 eritreos y unos 7.700 sudaneses, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a desplazarse a Israel en busca de mejores oportunidades. Por ello, en 2009 el gobierno israelí asumió otorgar la condición de refugiados a inmigrantes provenientes de naciones en conflicto; no obstante, Hotline, una ONG israelí asegura que desde 2013, solo tres eritreos y ningún sudanés han recibido estatus de refugiado y actualmente el país posee una de las tasas más bajas de Occidente en el reconocimiento de refugiados.
Por consiguiente, organismos y actores de la comunidad internacional mostraron su inquietud sobre las deportaciones impuestas a eritreos y sudaneses ya que, según ACNUR, “es preocupante que se lleven a cabo reubicaciones forzadas a países que no ofrecen garantías de protección efectiva”. Además, de acuerdo a la misma Organización de Naciones Unidas, es necesario eliminar dicha ley por considerarla como incoherente e insegura, y trabajar de la mano con el gobierno israelí para buscar mejoras en el sistema migratorio y en la reubicación de las miles de familias que huyen de los conflictos de sus países.
Gabriela Suárez
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