Durante la semana del 7 al 11 de Diciembre, el Consejo de la UE (reunión de carácter ministerial), mantuvo una serie de reuniones para abordar diferentes estrategias de los Estados miembros con respecto a los temas que de mayor interés o preocupación. En la serie de reuniones ministeriales, una fue especialmente importante para fijar la estrategia de la UE con respecto a la lucha antiterrorista. El día 8, tuvo lugar el ECOFIN (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas), en el cual uno de los objetivos marcados por el Ministerio francés fueron las medidas de lucha antiterrorista en el plano económico,buscando con esto, entorpecer los movimientos de capitales y financiaciones de origen criminal y finalidades terroristas.
Terrorismo low-cost
Desde hace unos años se ha venido confirmando una tendencia preocupante con respecto a las acciones terroristas; y es su bajo coste. El “terrorismo low-cost” no es nuevo, pero sí que se ha reforzado por una forma de terrorismo global por el cual, al igual que sucede con las compañías comerciales, el acceso a las tecnologías y el uso de filiales abaratan los costes marginales de atentar con el mayor daño posible. Desde los atentados del 11-S, cuyo coste fue estimado entre 400.000 y 500.000 dólares; estos costes han ido a la baja. Fueron 60.000 euros el precio por truncar la vida de 193 personas en Madrid en el 2004 y de apenas 20.000 euros por hacerlo en Londres (uno de los atentados más baratos). El último en suelo europeo, en París, muestra una tabla de gastos de unos 30.000 euros por la compra de armas, pisos, vehículos, y vuelos. Si bien, frenar toda financiación de los grupos terroristas es prácticamente imposible, entorpecerla podría suponer una traba para futuras acciones. Otro aspecto a tener en cuenta es que Daesh, epicentro de la alerta terrorista, se ha alzado como el grupo terrorista mejor financiado y más rico de la historia. Aunque los datos sobre su patrimonio sean confusos o no del todo exactos, podría llegar a hablarse de unas ganancias de casi un millardo de euros en diferentes actividades ilícitas, como la venta de petróleo (casi un 50% del total), venta de obras de arte, rescates, impuestos, robos, etc… Y aunque mucho se destine al gobierno del califato, el resto deberá ser objeto de control exhaustivo por parte de la UE para saber en qué manos caen. Por tanto, y con este objetivo, el Consejo ha llegado a una serie de conclusiones sobre las medidas que podrían ayudar en esta misión.
La acción del Consejo
Cinco han sido los puntos que el Consejo, con el liderazgo francés de la mano de su Ministro Michel Sapin, han sacado adelante. El primero es un llamamiento a los Estados a acelerar la puesta en marcha de la directiva 2013/0025, que fue adoptada poco después de los atentados de “Charlie Hebdo”. Esta cuarta Directiva del Consejo y Parlamento a iniciativa de la Comisión sobre financiación de actividades ilegales, busca regular la financiación y blanqueo de capitales, unificando a nivel europeo una serie de reglamentaciones en este sentido. Por tanto, la transposición de la Directiva deberá ser acelerada (Francia se ha comprometido a hacerlo antes de final de año). El segundo pretende llevar a una armonización progresiva de organismos y agencias de persecución actividades criminales financieras de los Estados miembro (comparables al SEPBLAC en España). Mejorando con ello la comunicación transfronteriza entre unos y otros; como ya han empezado a hacer los de Francia (Tracfin) y Alemania. El tercer elemento ha suscitado algo más de polémica, ya que pretende extender la congelación de bienes financieros y bancarios (recogidos en la cuarta Directiva) a posesiones “mobiliarias” (vehículos y otros), inmobiliarias (viviendas) y hasta de prestaciones sociales. Con esto Francia marca una línea que iría por permitir el bloqueo por parte de un Estado miembro sobre las prestaciones sociales de un ciudadano en otro país de la UE (siempre y cuando están puedan estar destinadas a usos ilícitos). El cuarto punto tratado ha sido el del tráfico de obras de arte y objetos histórico. Para este punto se ha pedido mayor vigilancia sobre la compra de antigüedades desde la UE. Y por último, la demanda más novedosa, es la impulsada por Alemania y Francia para que el tratamiento de los datos bancarios SWIFT se hagan en la UE directamente, y que no deban de ser analizados en territorio norte-americano (donde son tratados actualmente).
Todos estos elementos han sido aprobados en las negociaciones por el Consejo para que sean ahora estudiados por la Comisión europea, y en los que Francia, ha tenido un rol predominante por los recientes atentados de París.
Sin embargo no hay que olvidar el último punto tratado por el Consejo, y que supone un paso sin precedentes aunque a la sombra de las medidas antiterroristas. Este ha sido el de la Tasa sobre las transacciones financieras (TTF o tasa Tobin). Sobre este punto, ha habido un principio de acuerdo entre 10 Estados para implementar una Tasa de carácter financiero para recuperar parte de los gastos Estatales durante el rescate bancario durante la crisis. Tras caerse del pre-acuerdo Estonia, serán finalmente 10 países los que seguirán adelante, si bien incluirá a cuatro de las cinco primeras economías de la Eurozona entre las que está España.
Eduardo García Canal
