El fiscal asegura que Juan Orlando Hernández le dio protección al narcotraficante Geovanny Fuentes con la intención de “meter droga por las narices a los gringos”Humberto Medina
Sabrina Castillo, Humberto Medina
El juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes comenzó el lunes pasado en un tribunal de Nueva York. Este martes marcó un día oscuro para el presidente Juan Orlando Hernández ya que hubieron graves acusaciones contra él, afirmando que el mandatario del país centroamericano pactó una alianza con un cartel local de los Cachiros. En esta investigación los fiscales también aseguraron tener pruebas de que el presidente recibió millones de dólares en sobornos de otros narcotraficantes a cambio de protección, incluido del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Por medio de estos pactos el presidente ayudó a introducir miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos. El fiscal americano describió a Honduras como un “narco-estado”, palabras y acusaciones que muestran un cambio de retórica en comparación con el gobierno republicano anterior quien tenía a Hernández tildado como un “buen aliado”.
Hasta ahora, la fiscalía neoyorquina no había identificado con claridad a Juan Orlando Hernández, descrito hasta entonces como CC-4, pero su identidad es lógica por las referencias a su cargo y a su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Tony fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en 2019 y también acusaron al presidente de tenderle la mano a la operación de su propio sangre.
En su alegato inicial, el fiscal aseguró que el narco Fuentes formó una asociación con Hernández en 2013, cuando Hernández fue candidato a la presidencia durante su primer término. De acuerdo con el relato del capo de la droga hondureña, “El plan era enviar la mayor cantidad de cocaína posible a los Estados Unidos”. Fuentes también dijo que sobornó al presidente de tal manera que se volvió “intocable” después de que esta coalición lo blindara “a prueba de balas”. El juicio también es una especie de referéndum para Hernández, quien ha sido perseguido durante años por acusaciones de posibles conexiones con múltiples operaciones narcotraficantes. No ha sido acusado oficialmente, pero en documentos judiciales presentados a principios de este año, los fiscales estadounidenses revelaron por primera vez que estaban investigando al presidente hondureño.
Fuentes dijo que, “Distribuyó cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos”. Un negocio que fue posible gracias a sus conexiones “con el poder policial, militar y político en Honduras, incluyendo alcaldes, congresistas, generales militares y jefes de policía”. El presidente también está acusado de decir que estaba malversando dinero de ayuda por parte de los Estados Unidos al utilizarlo en organizaciones fraudulentas y desviando el dinero del sistema de la seguridad social del país, según los documentos judiciales.
Estos registros judiciales también describen conversaciones entre el presidente Hernández y el Sr. Fuentes en las que el presidente le dice explícitamente al traficante acusado “que no se preocupe por el arresto, la extradición o el largo alcance de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos”. Según los fiscales americanos, Hernández le dijo a Fuentes que su lucha contra el narcotráfico era un “engaño” y que “planeaba deshacerse de la política de extradición”.
Hernández se defiende diciendo que las informaciones publicadas sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado “se basan en testimonios falsos de narcos cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios”, escribió en Twitter.
Sin embargo, el peso político a mano de los demócratas se encuentra en una posición opuesta en contraste al gobierno de Trump. Un claro ejemplo es cómo los senadores demócratas presentaron el mes pasado un proyecto de ley que “insta al presidente Biden a imponer sanciones al Sr. Hernández y suspender la asistencia de seguridad para la policía y el ejército de los hondureños”. Estas acusaciones, al ser verdaderas, pueden poner en peligro la relación bilateral entre Honduras y los Estados Unidos, complicando los esfuerzos de la administración Biden para invertir 4 mil millones de dólares en Centroamérica para abordar la violencia y la corrupción, reducir la pobreza y reforzar el estado de derecho en un esfuerzo por detener la migración a los Estados Unidos.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, en Washington, en una imagen de 2019.MICHAEL REYNOLDS / EFE
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Juan Orlando Hernández, Honduras, Narcotráfico, Biden
Por los periodistas:
- Humberto Medina
- Sabrina Castillo
